Concurso de acreedores: actúa a tiempo para salvar tu empresa (y tu patrimonio)

Si eres empresario y tu negocio no funciona, debes saber que puedes cerrar tu empresa y cancelar el 100% de las deudas, siempre que lo hagas legalmente. Para ello existe la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020), que regula en España la situación de insolvencia tanto de empresas como de particulares. 

Al amparo de esta norma se puede iniciar el concurso de acreedores, un procedimiento judicial que se tramita ante el Juzgado de lo Mercantil cuando una persona física o jurídica no puede hacer frente a regularmente a sus obligaciones de pago pendientes. 

“Uno de los grandes mitos en torno al concurso de acreedores es que solo sirve para liquidar empresas. En realidad, su objetivo es dar una salida ordenada a una situación de insolvencia preservando la actividad, como primera opción. La normativa busca la continuidad del negocio y ofrece flexibilidad para alcanzar acuerdos con los acreedores, reestructurar la deuda o incluso vender la unidad productiva a otra empresa que mantenga la actividad y los puestos de trabajo”, explica Javier López, socio fundador de Área Jurídica Global, despacho con oficinas en toda España especializado en derecho concursal y cancelación de deudas, que actúa siempre en defensa del deudor.

Por tanto, declararse en concurso de acreedores no significa necesariamente el cierre de la empresa. Al contrario, puede ser una herramienta eficaz para ganar tiempo, evitar embargos y trabajar en un plan de viabilidad que permita mantener la actividad.

Si finalmente no es posible reflotar el negocio, el proceso posibilita una liquidación ordenada, garantizando un reparto equitativo entre los acreedores y la protección del administrador frente a posibles responsabilidades personales.

Gracias a esta normativa, miles de empresarios que no lograban salir adelante han conseguido cerrar sus negocios con responsabilidad cero, cancelando incluso deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

Preconcurso y concurso de acreedores: dos vías para frenar los embargos y reordenar las deudas

Cuando una persona jurídica se enfrenta a dificultades financieras y no puede atender sus pagos con normalidad, la Ley Concursal ofrece dos mecanismos principales para protegerse y ganar tiempo: el preconcurso y el concurso de acreedores.

¿Qué es el preconcurso?

El preconcurso o fase preconcursal es una etapa previa al concurso formal, que permite ganar tiempo y proteger la empresa mientras se intenta llegar a un acuerdo de reestructuración con los acreedores.

Durante esta fase, el deudor comunica al Juzgado de lo Mercantil que se encuentra en una situación de insolvencia actual o inminente, pero que está negociando con sus acreedores una solución, como quitas, esperas, refinanciación de la deuda o un nuevo plan de pagos. 

El principal beneficio del preconcurso es que mientras dura, se suspenden las ejecuciones y embargos. Eso ofrece al empresario un respiro legal para reorganizar sus finanzas y buscar una salida sin perder el control de la gestión, ya que en esta etapa, la administración de la empresa sigue en manos del propio empresario o administrador, no de un tercero.

¿Y el concurso de acreedores?

Si no se alcanza un acuerdo durante la fase preconcursal o el deudor decide no iniciar esa vía —por ejemplo porque la insolvencia es definitiva— se abre el concurso de acreedores o concurso directo. 

En esta etapa, el juez nombra a un administrador concursal, que se encarga de supervisar o asumir la gestión de la empresa.

A partir de ese momento, se analiza la situación económica, se determina el importe total de la deuda y se procede a la liquidación ordenada del pago a los acreedores según las prioridades que marca la ley. Siempre se actúa con el fin de proteger al deudor de buena fe, evitando, además, que el administrador tenga que responder con su patrimonio personal.

El objetivo principal del concurso no es liquidar, sino intentar la continuidad de la actividad a través de acuerdos o venta de la unidad productiva

La responsabilidad personal del administrador: actuar a tiempo es clave

Uno de los aspectos más delicados cuando una empresa atraviesa dificultades económicas es la responsabilidad personal del administrador.

Conviene recordar que toda sociedad cuenta con un capital social que actúa como referencia de garantía frente a terceros. Cuando las pérdidas reducen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social o la empresa deja de poder atender regularmente sus pagos, el administrador tiene la obligación legal de actuar sin demora, ya sea convocando la junta para adoptar medidas o solicitando el concurso de acreedores.

Si, pese a esa situación de insolvencia o desequilibrio patrimonial, la sociedad continúa operando sin presentar el concurso de acreedores, el administrador puede ser declarado responsable directo y llegar a responder con su propio patrimonio por las deudas sociales.

 “Muchos empresarios trabajan con asesorías que no son abogados y no les informan de esta obligación. Dejan las empresas en ese stand by y luego vienen las derivaciones al administrador”, advierte Javier López, socio fundador de Área Jurídica Global.

La clave está en actuar con rapidez y rodearse de profesionales expertos en derecho concursal

Entonces, ¿qué tiene que hacer un administrador ante los primeros signos de insolvencia?

El paso más importante es actuar con rapidez. En cuanto se detecten problemas de liquidez o retrasos en los pagos, lo recomendable es consultar a un abogado especializado en derecho concursal.

De este modo, se pueden aprovechar los mecanismos legales disponibles para evitar la derivación de responsabilidades, proteger el patrimonio personal y, si es necesario, cerrar la empresa y empezar de nuevo. 

“Lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Cuanto más se retrase la decisión, mayores son los riesgos de que la Administración derive la deuda al administrador. Cuando esto sucede, todavía se puede cancelar, pero el proceso es más caro y complejo, sobre todo si se trata de deuda pública”, subraya el fundador de Área Jurídica Global.

Si la sociedad se liquida conforme a la ley, no habrá repercusiones para el administrador, independientemente del tipo o la cuantía de la deuda. En cambio, si se continúa operando sin solvencia y sin presentar el concurso, la Administración o los acreedores pueden derivar las deudas al patrimonio personal.

“Lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Cuanto más se retrase la decisión, mayores son los riesgos de que la Administración derive la deuda al administrador”

Javier López, socio fundador de Área Jurídica Global.

La Ley de Segunda Oportunidad: una salida para particulares y autónomos

Cuando ya existe una derivación o el empresario ha avalado personalmente créditos o préstamos, la Ley de Segunda Oportunidad ofrece una alternativa.

Este procedimiento para personas físicas, regulado en la Ley Concursal (Ley 25/2015),  permite la exoneración del 100% de las deudas impagables aunque ya exista una sentencia firme.

Solo hay una excepción: las deudas por pensión de alimentos, que los juzgados no pueden suspender. El resto, tanto si se trata de un empresario, autónomo, avalista, pensionista o trabajador por cuenta ajena, pueden cancelarse o reestructurarse mediante este procedimiento, sin importar su cuantía ni origen; es decir, ya sean deudas bancarias, con proveedores o con la propia Administración Pública.

Con respecto a estas últimas, la reforma concursal de 2022 amplió las posibilidades de cancelar deudas con la Seguridad Social y Hacienda, permitiendo eliminar hasta 10.000 euros por organismos. Sin embargo, algunos jueces se han apoyado en la normativa europea para exonerar el total de la deuda pública, con sentencias en España que han permitido cancelar hasta medio millón de euros a particulares.

Las señales de alerta: cuándo plantearse el concurso de acreedores

A ningún empresario le gusta reconocer que su negocio atraviesa problemas, pero ignorar las señales de insolvencia solo agrava el escenario.

Estas son algunas alertas que indican que ha llegado el momento de buscar asesoramiento profesional:

• Tienes dificultades recurrentes para pagar nóminas, alquileres o proveedores.
  Si los retrasos en los pagos se vuelven habituales y necesitas priorizar entre a quién pagar cada mes, la empresa ya muestra síntomas claros de tensión de tesorería. No es una simple falta puntual de liquidez: puede ser el inicio de una insolvencia estructural.
  
• Has agotado las líneas de crédito o dependes exclusivamente de financiación externa para sobrevivir.
  Cuando el negocio ya no se sostiene con sus propios ingresos y solo se mantiene gracias a préstamos, descubiertos o tarjetas, el riesgo es alto. Los bancos interpretan esa situación como una pérdida de solvencia y restringen el acceso a nueva financiación, lo que puede precipitar el colapso.
  
• Aplazas pagos a Hacienda o la Seguridad Social de forma sistemática.
  Los aplazamientos puntuales son una herramienta legítima, pero cuando se vuelven recurrentes reflejan una incapacidad para atender las obligaciones fiscales y laborales. Además, las deudas con la Administración son las que con más facilidad pueden derivarse al patrimonio personal del administrador.
  
• Los clientes están dejando de pagarte o dependes demasiado de un único pagador.
  Una cartera de clientes poco diversificada o la morosidad prolongada pueden poner en riesgo toda la actividad. Si los cobros dependen de un solo cliente o de pocos, cualquier impago puede romper el equilibrio financiero.
  
• Las proyecciones no mejoran y el negocio ya no genera suficiente caja.
  Si el flujo de caja operativo es negativo durante varios meses y las previsiones no muestran recuperación, la empresa ya no es viable en su estructura actual. Llegados a ese punto, retrasar la decisión solo aumenta el endeudamiento y las posibles responsabilidades del administrador.

En lugar de esperar al colapso, conviene asumir cuanto antes que se está en una fase crítica y estudiar las opciones reales para proteger lo construido

Ventajas de utilizar el proceso concursal de forma proactiva

La reforma concursal de 2022 ha modernizado el sistema español, permitiendo que las empresas utilicen el proceso como una herramienta de gestión preventiva y no solo como un último recurso antes del cierre. 

Iniciar el procedimiento de forma voluntaria y a tiempo puede suponer salvar la empresa o perderlo todo. Estas son las principales ventajas de actuar de forma proactiva:

• Paralización de ejecuciones y embargos.
  Desde el momento en que se comunica el preconcurso o se declara el concurso, se suspenden las ejecuciones judiciales y los embargos en curso. Esto ofrece un respiro legal y financiero para reorganizar pagos, buscar financiación o alcanzar acuerdos con los acreedores sin el miedo constante a perder activos esenciales.
  
• Protección del patrimonio personal.
  Si el empresario o administrador actúa con diligencia —es decir, solicita el concurso en cuanto detecta la insolvencia y colabora con el proceso— puede evitar que se le derive responsabilidad personal. Además, si ha avalado préstamos o créditos, la Ley de Segunda Oportunidad permite exonerar incluso esas deudas una vez completado el procedimiento.
  
• Renegociación global de la deuda.
  El concurso permite tratar con todos los acreedores de forma conjunta y ordenada, bajo supervisión judicial. Esto evita tener que negociar caso por caso desde una posición de debilidad y facilita alcanzar acuerdos de reestructuración equilibrados, con quitas o esperas realistas.
  
• Continuidad del negocio.
  El objetivo del proceso concursal no es cerrar empresas, sino preservar la actividad y los puestos de trabajo. Si el negocio tiene base sólida, puede venderse la unidad productiva a un tercero o aprobar un plan de reestructuración que le devuelva la viabilidad.
  
• Transparencia y credibilidad frente a terceros.
  Entrar en concurso de forma voluntaria demuestra voluntad de cumplir con las obligaciones y hacer las cosas correctamente, algo que los acreedores, inversores y clientes valoran. En muchos casos, la transparencia del proceso contribuye a mantener relaciones comerciales y reputación a largo plazo.

Utilizar el proceso concursal de forma proactiva no es un signo de fracaso, sino una decisión estratégica y responsable para proteger el negocio, los empleados y el patrimonio personal, asegurando un cierre ordenado o una recuperación viable

Acompañamiento profesional: una pieza clave en el proceso

Gestionar un proceso concursal no es algo que deba afrontarse en solitario. La normativa es compleja, los plazos son ajustados y cada decisión jurídica, fiscal o contable puede tener consecuencias importantes.

Por eso, contar con abogados especializados en derecho concursal no es un gasto, sino una inversión para proteger tu patrimonio y aumentar las posibilidades de éxito.

Un equipo experto no solo se encarga de los trámites legales, sino que te acompaña en todo el proceso, desde el diagnóstico inicial hasta la presentación ante el juzgado, ayudándote a:

• Diseñar un plan de reestructuración realista, adaptado a la situación económica y a las posibilidades del negocio.
• Negociar con firmeza y criterio con los acreedores, buscando acuerdos que permitan mantener la actividad o, si no es posible, cerrar de forma ordenada.
• Comunicar correctamente la situación a trabajadores, clientes, socios e instituciones, minimizando el impacto reputacional y manteniendo la confianza en la empresa.

La manera en que se gestiona el proceso concursal influye directamente en la imagen y en las oportunidades futuras del empresario. Actuar con transparencia y responsabilidad transmite seriedad ante el mercado y facilita un nuevo comienzo.

Si tu negocio tiene potencial, pero necesita tiempo y orden para recuperarse, el concurso de acreedores puede ser una oportunidad para reorganizar, renegociar y volver a empezar con bases más sólidas.

“Tristemente, la vida empresarial nos ha enseñado que todo va bien… hasta que deja de ir bien. Hay que estar preparados por si eso ocurre. Si el negocio funciona, conviene revisar y organizarlo todo para prevenir problemas; y si empieza a ir mal, hay que reestructurar cuanto antes para salir de esa situación de estrés que te impide concentrarte en lo importante”, aconseja Javier López.

Y añade más: “A veces hay que cerrar un negocio y empezar de nuevo. No exactamente igual ni con los mismos trabajadores o clientes, porque podría considerarse continuidad de empresa, pero podemos ayudarte a crear una nueva estructura enfocada en aquello que realmente puede seguir adelante. Y no pasa nada por cerrar y volver a empezar”, concluye el responsable de Área Jurídica Global.