La morosidad supone un importante problema para las miles de empresas que acumulan facturas pendientes de cobro. Y no son pocas.
De acuerdo con la última edición del ‘Informe europeo de pagos’ de Intrum, el 81% de las empresas españolas tienen pagos o préstamos pendientes de cobro. Este porcentaje está en línea con la media europea, aunque ligeramente por encima (79%). Y nuestro país se coloca en el décimo lugar de Europa en cuanto a la proporción de negocios en esta situación.
Además, la morosidad que sufren las compañías de nuestro país supone casi una décima parte del total acumulado en Europa. En concreto, a las empresas españoles les deben nada menos que 1,3 billones de euros, mientras que la morosidad se eleva hasta los 10,5 billones en el conjunto de Europa.
Consecuencias de la morosidad
La morosidad tiene un impacto muy significativo en la caja de las empresas nacionales. Según el informe de Intrum, casi 4 de cada 10 negocios (38%) de nuestro país se han visto obligados a cancelar deudas incobrables utilizando parte de sus ingresos.
De estas compañías, casi la mitad (48%) lamentan no haber mejorado sus prácticas de cobro para evitar llegar a este punto en el último año fiscal. Asimismo, 3 de cada 10 (29%) de ellas consideran que tendrían que haber prestado mayor atención a los retrasos tempranos. Y un 28% de estas empresas dicen que les hubiera gustado realizar una mayor evaluación del riesgo crediticio.
El estudio también analiza la percepción de las compañías acerca de la puntualidad de los pagos. La investigación de Intrum descubre un incremento de la preocupación de las empresas sobre este asunto, una inquietud que podría estar vinculada al monto de préstamos pendientes.
Así pues, dos tercios de las organizaciones (67%) se muestran preocupadas, lo que supone un ligero repunte respecto a los ejercicios precios: 65% en 2023 y 64% en 2022.
A pesar de este incremento de la inquietud de las compañías, el informe revela que la proporción de empresas que prevé un incremento en el riesgo de retrasos o impagos ha disminuido del 67% al 60%, un cambio que podría indicar una ligera mejora en las expectativas empresariales.
En cualquier caso, Intrum advierte que la cifra en España sigue siendo elevada, situándose por encima de la media europea (58%) y de potencias económicas como Italia (57%), Francia (56%) y Alemania (55%).
En cuanto a los desafíos que perciben en el horizonte y que pueden afectar a la morosidad, las empresas españolas destacan factores como la dificultad financiera de sus propios deudores (63% de los consultados), los elevados tipos de interés (59%), los problemas de abastecimiento en la cadena de suministro (59%), la regulación y el compliance (55%), la alta inflación (54%), el desconocimiento intencionado de sus clientes (51%) o la ineficiente administrativa de los mismos (50%).
Objetivo: acabar con la morosidad
Todas estas cifras reflejan un entorno complejo para las empresas de España y europeas, que deben lidiar con una serie de problemas que impactan en su capacidad para gestionar las finanzas.
La UE, consciente del problema que supone la morosidad, está dando algunos pasos con el objetivo de combatirla. Así, el pasado mes de septiembre, la Comisión Europea propuso la sustitución de la actual directiva de lucha contra la morosidad por un nuevo reglamento directamente aplicable y que establecería las mismas disposiciones en toda la Unión Europea.
El principal objetivo de esta propuesta es introducir un plazo máximo único de pago de 30 días en toda la UE para las operaciones comerciales B2B o entre empresas y administraciones públicas, como contábamos en EMPRENDEDORES.
Además, propone eliminar la posibilidad de que el acreedor renuncie a su derecho de reclamar intereses de demora, estableciendo su pago automático hasta que se satisfaga la deuda.
Por otro lado, la UE ha aprobado el Reglamento 2024/1317, que permitirá conocer el plazo real de pago a proveedores, ya que obliga a especificar en las memorias de las empresas las condiciones generales de los contratos con entidades financieras relativos a acuerdos de financiación a proveedores, los denominados confirming, especificando los importes de las líneas, sus plazos y garantías, como informábamos hace unos días.
“La UE tumba un subterfugio contable muy popular en España. Desde ahora, pagar por confirming no es pagar. Gracias a esta normativa, van a ir saliendo a la luz los saldos pendientes a proveedores, ocultos bajo el confirming, muy popular entre malos pagadores y entidades financieras que gustan financiar circulante a plazos desmedidos sin que se note. Ahora sí, sin trucos: el nuevo reglamento europeo permitirá conocer los plazos reales de pago a proveedores y cambiará las reglas del juego”, asegura Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
