El 1 de octubre de 2017 se realizó en Cataluña el conato de referéndum sobre la independencia de Cataluña. Apenas participaron 4 de cada 10 personas llamadas a las urnas, pero el resultado fue abrumador a favor de la secesión (90,2%).
Como consecuencia de aquello, el Parlamento catalán aprobó de manera unilateral la independencia de la región del resto de España, proclamando la República Catalana el 27 de octubre. Aunque apenas duró unos segundos, ya que fue suspendida de manera inmediata por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Pero las empresas habían empezado a reaccionar antes. Apenas dos días después de la consulta, el 3 de octubre, la biofarmacéutica Oryzon Genomics anunció su traslado de Cornellà de Llobregat (Barcelona) a Madrid.
Fue la primera empresa que decidió huir ante la incertidumbre generada por el proceso independentista. El Gobierno de Mariano Rajoy decidió ponérselo fácil, aprobando el 6 de octubre un decreto que agilizaba el cambio de domicilio social, que sigue vigente hasta la fecha.
En los tres meses siguientes a la celebración de la consulta se mudaron de Cataluña 1.298 compañías. Y el goteo desde entonces ha sido incesante, según los datos de Informa D&B, recogidos Europa Press: 2.462, en 2018; 849, en 2019; 849, en 2020; 935, en 2021; 845, en 2022, y 505, en la primera mitad de 2023.
En total, han sido 7.743 las compañías con domicilio social en Cataluña que han trasladado su sede fuera de la comunidad. Y 4 de cada 10 empresas (24,6%) que se han mudado en este periodo en toda España son compañías que tenían su sede en dicha región.
Los datos ofrecidos por el Colegio de Registradores también son muy importantes, aunque menos abultados. De acuerdo con los mismos, 4.942 empresas han salido de la comunidad catalana en términos netos, tal y como informaba El Mundo. En cualquier, caso, se trata de la mayor salida de compañías de todos los territorios españoles en ese período.
Empresas con arraigo en Cataluña
Entre las empresas que han establecido su domicilio fuera de la región nos encontramos con algunas tan importantes y representativas como CaixaBank, Banco Sabadell, Naturgy, Catalana Occidente, Codorniu o Grupo Planeta, además de multinacionales como Bimbo, Allianz, Axa o Zurich.
En realidad, estas empresas sólo han cambiado su dirección, pero no han modificado su estructura, ya que siguen teniendo sus cuarteles generales en suelo catalán. Y a esto es a lo que se agarra Junts para obligar a estas compañías a devolver su sede social a Cataluña.
Europa Press informaba el pasado mes de noviembre de que el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para que los independentistas votaran a favor en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno contemplaba un compromiso para tratar de hacer volver a Cataluña a las empresas huidas.
“Se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”, se indicaba en dicho acuerdo.
Sin embargo, las compañías que han salido no parecen tener intención de regresar, según apuntaba la agencia. De igual modo, Foment del Treball, la patronal catalana, expresaba su visión favorable a la puesta en marcha de un plan para facilitar el regreso, pero especificaba que “la condición necesaria para el retorno de las empresas a Cataluña es la suma de la estabilidad y la seguridad jurídica para favorecer un clima social y económico que promueva la confianza necesaria para la atracción de inversiones y la mejora de la productividad del país”.
¿Se puede obligar a regresar?
El desarrollo de dicho plan para hacer volver a las empresas fugadas de Cataluña ha sido una de las numerosas exigencias impuestas por Junts para permitir que el Gobierno saque adelante la votación del decreto Ómnibus para la digitalización de los procedimientos judiciales, así como el paquete de medidas ‘anticrisis’ propuestas por el Consejo de Ministros, de las que ya hablamos en EMPRENDEDORES.
Sin embargo, el apoyo de Junts —o su abstención— no ha sido suficiente para lograr la aprobación de las medidas presentadas por el Gobierno para la reforma del subsidio de desempleo y la conciliación laboral, debido al voto en contra de Podemos.
Aunque la patronal catalana vea con buenos ojos la promoción del regreso de las compañías a Cataluña, no está de acuerdo con la forma de hacerlo que propone Junts. Según informa Europa Press, recogiendo las declaraciones en Ser Cataluña de Josep Rius, portavoz de Junts, su partido exige a Pedro Sánchez la aprobación de medidas que permitan sancionar a las empresas que salieron si no vuelven a Cataluña.
Asimismo, reclama el establecimiento de incentivos fiscales para aquellas compañías que retornen a suelo catalán y para las que han mantenido su sede en la comunidad.
El PSOE había mantenido hasta la votación parlamentaria que su postura pasa por el cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital, en el que se especifica que las empresas “fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación”.
Sin embargo, parece que el partido liderado por Carles Puigdemont ha logrado que el Gobierno acceda a reformar dicha ley y revertir el decreto aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2017 para agilizar el cambio de domicilio social de las empresas.
Todavía no se conocen los detalles de dicha reforma, por lo que habrá que esperar al próximo Consejo de Ministros para conocer el alcance de la misma, cuáles serán las medidas introducidas para hacer regresar a las empresas a Cataluña y, sobre todo, si se opta por los incentivos o por la vía coercitiva, a través de sanciones.
